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Políticas españolas

La ratificación del Protocolo de Kioto por parte de España en el año 2002 significó asumir el compromiso de limitar las emisiones a un crecimiento del 15% con respecto al año 1990 para el período 2008-2012. La estrategia española planteada consiste en estabilizar las emisiones durante el 2005-2007 y posteriormente realizar un esfuerzo adicional y reducirlas para el período 2008-2012.

En este sentido, el Estado español creó el Consejo Nacional del Clima y la Oficina Española del Cambio Climático, así como la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, como órgano de coordinación y colaboración entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas. Por otra parte, el Estado español también establece la necesidad de constituir las mesas de diálogo social para garantizar la participación de las organizaciones sindicales y empresariales, y las organizaciones interministeriales, que actúan como órgano de coordinación de la Administración central del Estado.

En la actualidad, el Estado Español sigue la Estrategia española de cambio climático y energía limpia, horizonte 2007-2012-2020 (EECCEL), aprobada por el Consejo Nacional del Clima de 25 de octubre de 2007 y el Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007, que aborda distintas medidas que contribuyen al desarrollo sostenible en el ámbito del cambio climático y la energía limpia.